MONTERREY, México — En el día 13 de la búsqueda de su hija desaparecida, Mario Escobar estaba parado afuera de una gasolinera bajo un calor sofocante, mientras sostenía volantes con la foto de la joven e intentaba preservar una esperanza obstinada y urgente.

Horas más tarde, y bajo las luces policiales rojas y azules, esa esperanza fue destruida.

El cuerpo de Debanhi Escobar fue encontrado durante la noche del jueves pasado en un tanque de agua subterráneo abandonado en los terrenos de un motel en el norte de México, que las autoridades ya habían registrado en otras cuatro ocasiones.

“Estoy destrozado”, dijo Escobar sobre la desaparición de su hija. “Mi vida cambió completamente”.

El caso de Escobar, una estudiante de derecho de 18 años que desapareció el 9 de abril, ha generado indignación y protestas por un fenómeno escalofriante que ahora es común en México: la desaparición de mujeres y niñas en todo el país.

Tan solo en el último mes, al menos otras nueve mujeres y niñas han desaparecido en el área metropolitana de Monterrey, una de las ciudades más ricas del país. En todo México, más de 24.000 mujeres están desaparecidas, según cifras del gobierno, y el año pasado, unas 2800 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, un aumento de casi el 40 por ciento en comparación con 2017.

La creciente tasa de desapariciones, según los expertos en seguridad, se correlaciona con el incremento general de la violencia en todo el país en los últimos años, además del aumento del crimen organizado, como el tráfico sexual, así como las altas tasas de violencia doméstica que hacen que muchas mujeres huyan de sus hogares.

Pero los analistas de seguridad y los grupos de derechos humanos también señalan una falla más generalizada por parte de las autoridades estatales al realizar investigaciones adecuadas de las mujeres desaparecidas o procesar casos de feminicidio, lo que impulsa una cultura de impunidad profundamente arraigada.

Como resultado, las familias desesperadas se ven obligadas a realizar los esfuerzos de búsqueda e investigaciones por sí mismas, en un pedido de justicia para los seres queridos que desaparecen en una nación cada vez más anárquica.

“El Estado simplemente creo que le ha dado la espalda completamente a su responsabilidad frente a investigar casos de desapariciones”, dijo Angélica Durán-Martínez, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad de Massachusetts Lowell. “Es un ambiente que facilita que estas prácticas se sigan reproduciendo porque no hay castigo ni hay justicia”.

Un vocero de la fiscalía del estado de Nuevo León, donde se ubica Monterrey y estuvo a cargo de las labores de búsqueda e investigación de la desaparición de Escobar, no respondió a varias solicitudes de entrevista.

En un informe publicado este mes, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas instó a México a enfrentar la crisis y señaló que más de 95.000 personas están registradas como desaparecidas. En los últimos cinco años han desaparecido 8000 personas al año. Aunque la mayoría son hombres, el comité destacó un “aumento notable” en las desapariciones de mujeres, niños y adolescentes.

“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas”, dijo el comité de la ONU en un comunicado, señalando que hasta noviembre pasado solo del 2 al 6 por ciento de las desapariciones habían resultado en procesos penales.

En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo de la lucha contra la violencia en México una promesa central de su campaña, dijo que se estaban atendiendo las recomendaciones del comité. En una de sus conferencias de prensa de la semana pasada, prometió el apoyo del gobierno federal para resolver el asesinato de Debanhi Escobar y afirmó que la injusticia en México era cosa del pasado.

“Además de la corrupción, lo que más ha dañado a México, porque van de la mano, es la impunidad”, dijo López Obrador. “Por eso hablamos de cero impunidad, que se castiguen los delitos que se cometen”.

Pero en Nuevo León, las autoridades han sido menos enfáticas con la crisis. La semana pasada, el fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, citó la “falta de comunicación” entre las familias, así como la “rebeldía” de los jóvenes como la causa de la mayoría de las desapariciones de mujeres, y agregó que la mayoría de las personas que estaban desaparecidas era por “una situación voluntaria”.

Antes del caso de Escobar, la indignación pública se había acumulado durante semanas por una serie de desapariciones de mujeres jóvenes en Monterrey, lo que parecía evidenciar la negligencia de las autoridades.

Yolanda Martínez, de 26 años, desapareció el 31 de marzo. Según su hermano Jesús, las autoridades tardaron dos semanas en visitar su casa. Y aún no ha sido encontrada.

“Empieza a alimentar esa desesperación en nosotros”, dijo Martínez. “No te puedo decir que no están haciendo nada, pero tampoco te puedo decir qué están haciendo”.

Tres días después de la desaparición de Martínez, desapareció María Fernanda Contreras, de 27 años. A través de un contacto familiar, el padre de Contreras, Luis Carlos, obtuvo datos de la torre celular que mostraban la ubicación aproximada de su teléfono la última vez que estuvo encendido.

Contreras recorrió la zona y pasó la información a la oficina del fiscal estatal. Pero dijo que las autoridades tardaron tres días en cerrar y registrar el vecindario. Cuando la encontraron, María Fernanda Contreras llevaba muerta varios días.

“Con toda la información que yo tenía, casi les encontré a mi hija y estos no podían hacer nada”, dijo Contreras. “Se me hace ridículo”.

La oficina del fiscal general de Nuevo León ha negado haber actuado con lentitud, señalando que Contreras fue asesinada la noche en que desapareció.

Luego sucedió el caso de Escobar, que avivó el enojo de la gente. La conmoción provocó una oleada inusual de apoyo público; hubo personas que ofrecieron de todo, desde drones hasta perros rastreadores para ayudar en la búsqueda.

La noche en que desapareció, Escobar había estado en una fiesta en las afueras de la ciudad. Según la fiscalía estatal, la joven salió de la reunión en un auto particular, pero en la madrugada del 9 de abril se bajó del vehículo a un costado de una carretera donde, al parecer, la dejó el conductor.

El conductor había sido entrevistado dos veces por los investigadores, según un funcionario de la fiscalía que no estaba autorizado para declarar de manera oficial.

A pesar de las enormes cifras, los medios de comunicación y las autoridades locales a menudo minimizan o ignoran los casos de mujeres desaparecidas, según los expertos en seguridad, y a menudo los funcionarios implican a las mujeres en sus propias desapariciones o las tratan como incidentes aislados, y no como un problema sistémico.

Pero debido a la atención mediática por los casos de las mujeres desaparecidas en Monterrey, las autoridades abrieron una investigación sobre Escobar casi de inmediato.

Una foto de Escobar que fue tomada por el conductor que la dejó en la carretera también se volvió viral, en parte gracias a los esfuerzos de la familia para llamar la atención sobre el caso. En la imagen se ve a la joven sola, en la orilla de una carretera, con los brazos cruzados y mirando hacia la oscuridad.

Durante casi dos semanas, su familia y amigos la buscaron desesperadamente, a veces caminando por terrenos baldíos, y hurgando en la tierra en busca de alguna señal de restos enterrados.

Al final fueron las quejas de los trabajadores del motel sobre un mal olor las que alertaron a las autoridades para que revisaran el tanque de agua.

La semana pasada, el máximo funcionario de seguridad de Nuevo León reconoció mientras hablaba con reporteros que la búsqueda de Escobar había sido una operación fallida.

“Es una falla humana masiva”, dijo Aldo Fasci, secretario de Seguridad del estado. “Ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada”.

En una entrevista con el diario mexicano Reforma, Guerrero, el fiscal estatal, dijo que la causa del fallecimiento fue una herida en la cabeza. Y especificó que la joven estaba muerta antes de que arrojaran su cuerpo a la cisterna.

“Pondremos todos los recursos en nuestras manos para determinar los hechos que han sucedido”, dijo Guerrero en un mensaje de video publicado en Facebook. “Si estos indican un delito, serán perseguidos con toda la fuerza de la ley”.

Pero las acciones de las autoridades estatales ya han sido cuestionadas.

El lunes, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, señaló varios errores de la fiscalía, incluido el hecho de no informar a los padres de Escobar del hallazgo de un cuerpo, una información de la que se enteraron por las noticias. Luego se les negó el acceso a los restos de Escobar y solo se les proporcionaron fotografías, aseguró Quintana.

El día después de que se confirmó la muerte de la joven, cientos de mujeres salieron a las calles a protestar, interrumpiendo el tráfico en Monterrey. Muchas tenían los volantes de búsqueda con la foto de la joven.

El sábado, el cuerpo de Escobar fue trasladado a unas tres horas al sur de Monterrey hasta Galeana, donde creció su madre. Cuando la procesión de autos llegó a la ciudad, había decenas de residentes al costado de la carretera agitando carteles y globos blancos.

Después de una misa celebrada en una iglesia amarilla, el ataúd fue llevado a las afueras de la localidad, seguido por una procesión de decenas de personas que acudieron al cementerio local, ubicado en una colina con vista a las montañas.

“Estamos destrozados por dentro, nuestros corazones están partidos”, dijo Mario Escobar. “Estamos cansados de todo lo que está pasando en México”.

El ataúd de Escobar fue depositado en una tumba revestida con bloques de cemento sobre la cual se vertió cemento fresco, seguido de decenas de flores. Luego, las mujeres de la multitud comenzaron a cantar un himno evocador, mientras sus palabras azotaban el viento.

Chantal Flores colaboró en este reportaje.


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